La Cámara de Diputados discutió en diciembre un proyecto para aumentar penas por violencia en el fútbol, se aprobó en general pero cuando se discutía el artículado Martín Lousteau, harto de tantas reescrituras, propuso que vuelva a comisión y la oposición aceptó. 

Sabían que el peronismo del Senado había pospuesto el debate y no tenía sentido tanta premura, pero no conocian el borrador del proyecto del Código Penal que Germán Garavano tiene en su despacho y contempla las mismas penas por disturbios en partidos de fútbol.

El Código fue redactado por una comisión presidida por el camarista Mariano Borinsky y Mauricio Macri les avisó a sus líderes legislativos que lo presentará en la apertura de sesiones ordinarias, pero si antes la ley antibarras es sancionada con otra versión el ministro de Justicia debería revisar el título 25, dedicado a violencia en espectáculos deportivos.

Casualidad o no, están contempladas las sanciones del proyecto enviado por Patricia Bullrich tras la suspensión del Boca-River, hasta con los retoques que surgieron del debate en comisiones para que algunas sean excarcelables, pero sin los planteos que alborotaron la discusión  en el recinto.

Se contempla, por ejemplo, penas de prisión de 6 meses 3 años para quien "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes e instalaciones afectadas a los mismos, hacia o desde los estadios con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo". Un texto ideado para ataques como el sufrido por el plantel de Boca la última vez que viajó al monumental.

Macri envió una ley para aumentar las penas por violencia en el fútbol, pero la oposición consideró que estaba mal redactada y la pospuso. Pero el Código Penal que presentará el presidente reescribe los mismos artículos. 

Hay hasta dos años por tenencia de armas blancas, 3 a los dirigentes que habilitaran espacios físicos del Estadio para guardarlas y 4 si se los encontrara culpables de chantajear a los árbitros, o sea, en este último caso podrían terminar tras las rejas.

Y mantiene sanciones que en el recinto se consideraron peligrosas si no se precisaban bien, como en el artículo 473, que pena con hasta 3 años de prisión a quien "impidiere, mediante actos materiales, aunque sea momentáneamente, la realización de un espectáculo deportivo en un estadio de concurrencia pública".

Felipe Solá sugirió que, como esa redacción, podrían condenarse a los jugadores si se pelean en el campo de juego. La mayor polémica fue por las sanciones por entradas falsas, porque la oposición teme que una escritura torpe permita culpar al estafado.

El borrador del Código Penal no despeja estás dudas: prevé prisión de hasta dos años "al que vendiere entradas falsas para el ingreso a un espectáculo futbolístico", que eleva a 3 si se trata de un "organizador, protagonista o integrante de una asociación o banda de tres o más personas".

Y castiga con dos si se identifica la comercialización "en las inmediaciones del estadio". El riesgo de sancionar a damnificados no se diluye y la oposición no lo dejará pasar, aunque no está claro cuando se dará este debate.

Macri decidió incluir el proyecto sobre violencia en los estadios en las extraordinarias de diciembre tras los incidentes de la final de la Copa Libertadores y si vuelve a insistir en febrero, poco sentido tendría sostenerlo en el Código Penal, la herramienta del Gobierno para exponer su agenda de mano dura.

No es el único capítulo del Código superpuesto con otras leyes debatidas en estos años y sin consenso: como explicó LPO, también hay artículos sobre el aborto y sobre la extinción de dominio, proyectos que no lograron sancionarse. Difícilmente se consigan en un año electoral.